Con la nueva LCSP se da por concluido un proceso de revisión y modernización de las normas nacionales sobre contratación pública en línea con la legislación europea, que busca incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública, que desde hace años se ha ido configurando como un instrumento canalizador de diversas políticas públicas en materia social, de innovación y desarrollo, de protección de los valores medioambientales, y de defensa de la libre concurrencia en los diversos mercados.
Este tipo de cuestiones constituyen los objetivos y pilares centrales de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que persigue la consecución de los mismos dentro de la observancia de los principios fundamentales de igualdad, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.
La nueva Ley apuesta por una mayor eficiencia en la contratación y por un mayor control estableciendo mecanismos efectivos que garanticen la observancia de la legalidad en el desarrollo de la actividad contractual del Sector Público.
La actividad licitadora va en aumento, y la participación de las Pymes crecerá gracias a la nueva Ley que potencia la división de los contratos en lotes para favorecer la colaboración de un mayor número de empresas, y establece medidas para garantizar el pago a las compañías que actúen como subcontratistas.
Mutualia, como entidad colaboradora con la Seguridad Social, se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la Ley como sujetos del Sector Público, y por consiguiente, articulamos nuestros procesos de contratación de obras, bienes y servicios a través de licitaciones públicas que garantizan el cumplimiento de la normativa pública de contratación.
Somos conscientes de la complejidad que entrañan estos cambios para las PYMES y para las empresas y personas proveedoras que estén interesadas en tomar parte en nuestras licitaciones y en las de cualquier otro sujeto del Sector Público, fundamentalmente por la obligatoriedad de la licitación electrónica, la preceptiva inscripción en el ROLECE, y la exigencia de presentación del DEUC en cada procedimiento; pero más allá de sus complejidades vemos las potencialidades de la nueva norma y los beneficios que puede suponer su aprovechamiento para las empresas y autónomos que decidan tomar parte en los expedientes de contratación, que les permitirá alcanzar nuevos nichos de mercado.
Por esa razón, hemos preparado unas guías para facilitar la inscripción de empresas y profesionales la preparación y presentación de las ofertas electrónicas, el envío a los poderes adjudicadores a través de la Plataforma de Contratación del Estado, así como unas instrucciones para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) y un manual de usuario para darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE); Todos estos documentos de apoyo están publicados en nuestra página web, con la finalidad de que os ayuden a implantar los cambios en la nueva práctica contractual.
De igual forma, por su relevancia en la actividad diaria de las asesorías, consideramos importante destacar las principales novedades de la LCSP en el ámbito laboral:
- La obligación de cumplimiento por parte de la adjudicataria de la normativa convencional previéndose por parte de los poderes adjudicadores la realización obligatoria de auditorías de verificación que pueden derivar en caso de incumplimiento en la resolución de los contratos.
- La redefinición de los principios a tener en cuenta en materia de contratación pública, en los que en el precio y presupuesto de la licitación se deben indicar de forma desglosada, y con desagregación de género y categoría profesional, los costes salariales estimados a partir del convenio de referencia.
- El establecimiento de medidas coercitivas para garantizar su cumplimiento en aras a fortalecer las garantías laborales de los y las trabajadoras, que impiden el acceso a la contratación pública de aquellas empresas que incumplan las políticas de igualdad e integración, que hayan sido sancionadas por infracción laboral muy grave, o condenadas por un delito contra los derechos de los y las trabajadoras.
- La implementación de instrumentos destinados a potenciar la igualdad e integración, aplicando criterios sociales en los criterios de adjudicación y de desempate.
En Mutualia queremos favorecer la competitividad en los procesos de contratación pública, y que seáis conscientes de las distintas opciones que se os plantean gracias a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que conlleva un aumento generalizado de licitaciones, y por consiguiente, de oportunidades de negocio.
Lorena Aguirregabiria Castresana
Directora de Compras, Contratación y Gestión de Edificios.
