Mes: marzo 2019

¿Cuál es la función del Colegio de Graduados/as Sociales de Bizkaia?

El Colegio Oficial de Graduados/as Sociales de Bizkaia es una corporación de derecho público, de carácter profesional, que tiene como finalidad la representación y defensa de la profesión de Graduado/a Social y de los intereses profesionales de los/as colegiados/as en congruencia con los intereses y necesidades generales de la sociedad.

Para ejercer la profesión de Graduado/a Social es obligatoria la colegiación.

En Bizkaia están colegiados/as 250 profesionales, que prestan servicios en empresas y ejercen libremente la profesión en sus respectivos despachos situados en diferentes municipios de la provincia.

¿Qué temas gestionan? ¿Cuáles son los más demandados por sus clientes?

El Graduado/a Social en un profesional con formación universitaria. Todos sus estudios se centran en el Derecho del Trabajo y Seguridad Social, siendo los únicos especialistas universitarios en dicha materia.

En gestión, de forma resumida, llevamos todo lo relacionado con las relaciones de las empresas con sus empleados, comenzando por contratos de trabajo, y dando respuesta posteriormente a todas las circunstancias que afecten a la relación laboral, confección de nóminas, liquidaciones y cotizaciones sociales, así como solicitud de todo tipo de prestaciones a la Seguridad Social (maternidad, paternidad, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, jubilación…), todo lo relacionado con Régimen Especial de trabajadores/as por cuenta propio o Autónomos, así como con el resto de regímenes especiales de la Seguridad Social (artistas, agrario…) y lo relacionado con las prestaciones contributivas o subsidio por desempleo.

En asesoría o consultoría, damos contestación a todo tipo de consultas relacionadas con nuestra especialidad, que abarca todo lo relacionado con el Derecho de Trabajo y Seguridad Social, respondiendo, por ejemplo, desde si un contrato de trabajo o nómina cumplen o no con la legalidad vigente, hasta la intervención en la negociación de acuerdos colectivos de empresas o sector.

En la jurisdicción social, como operadores jurídicos, intervenimos asumiendo la representación técnica de nuestros clientes, presentando demandas judiciales en reclamaciones contra despidos, por cantidades, en los supuestos de vulneración de derechos fundamentales, reclamando jubilaciones, incapacidades permanentes, viudedades, o defendiendo a la empresa ante la jurisdicción social en cuantos procedimientos resultase demandada.

Nuestros clientes demandan un servicio integral en nuestros despachos y asesorías, que abarca la gestión, consultoría y la defensa de sus intereses ante los diferentes organismos públicos y ante la jurisdicción social, llegado el caso.

¿Qué formación y servicios ofrece a sus colegiados/as?

El ámbito de nuestra especialidad, el derecho de trabajo y seguridad social, es la más cambiante dentro del mundo del derecho, se producen constantes modificaciones en función de las demandas sociales y del color político del Gobierno, y esto nos obliga a realizar un constante reciclaje profesional, siendo vital la formación para prestar un adecuado servicio profesional. Para ello el Colegio organiza charlas, jornadas y cursos formativos, sobre dichas modificaciones y sobre su incidencia en el ejercicio de nuestra profesión, y todo ello revierte en un mejor servicio hacia nuestros clientes. Prueba de ellos son las importantes modificaciones en materia sociolaboral puestas en marcha los días 7 y 12 de marzo de 2019, vía Real Decreto Ley.

Dentro del asesoramiento y gestión laboral que realizáis ¿Cómo se aborda la prevención de riesgos en la empresa?

En nuestro ámbito competencial profesional, la jurisdicción social, abordamos la prevención de riesgos en la empresa desde una perspectiva global.

Como profesionales especializados en derecho de trabajo y seguridad social, por nuestra formación específica en estas materias y por nuestra experiencia profesional en el asesoramiento, gestión y defensa de los intereses de nuestros clientes empresas, somos los más adecuados para emitir informes sobre si estas cumplen o no todas las normas legales relacionadas con dicha materia. Asimismo, podemos colaborar con la empresa en la confección de los planes de igualdad, el cumplimiento de los protocolos de empresa sobre acoso por razón de sexo o laboral y la aplicación de los planes de prevención de los riesgos psicosociales.

Contar con profesionales que analicen y emitan informes sobre el cumplimiento legal en las empresas dará mucha tranquilidad a las personas que las dirigen evitando cualquier responsabilidad de índole penal y social.

Tenemos que tener en cuenta, también, las obligaciones surgidas con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contrato del Sector Público, por la que todas aquellas empresas que se presenten a licitaciones y una vez de ser adjudicatarias, están obligadas a realizar auditorías laborales de cumplimiento. Así como la obligación para determinadas empresas de presentar, por primera vez este año, “el estado de información no financiera” junto con el informe de gestión, que debe incluir la información necesaria para comprender la evolución, resultados y situación del personal, incluidas las medidas que se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad. También las medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que establece, entre otras medidas, la obligación de realizar auditorías salariales.

Nuestro Colegio, en previsión de esta especialización de los servicios profesionales que la sociedad está demandando, desde hace unos años impulsa y colabora en la realización de cursos de postgrado universitario, tanto con la Universidad del País Vasco, como con la Universidad de Deusto. Los cursos versan sobre la auditoría sociolaboral y de igualdad de género, la consultoría laboral y el compliance sociolaboral.

¿Cuál es el papel del Colegio como operador jurídico?

Nuestro papel, como profesionales, es la Representación Técnica de trabajadores/as y empresas, en defensa de sus intereses ante la jurisdicción social. Nuestra intervención ampara tanto la primera instancia en los Juzgados de lo Social, como la segunda en los recursos de suplicación ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad correspondiente.

En este sentido, solo nos queda articular legalmente nuestra intervención dentro de la justicia gratuita en el ámbito de la jurisdicción social.

¿Gozan de buena salud las relaciones laborales en Bizkaia?

A nivel general creo que sí. Tenemos que tener en cuenta que pasamos una grave crisis económica que afectó mucho al empleo, tomándose medidas flexibilizadoras en las relaciones laborales que perjudicaron a las personas trabajadoras. Recuperados de dicha crisis, es lógico que los Sindicatos reivindiquen aquellos derechos que se quitaron a las personas trabajadoras y negocien en los convenios colectivos sectoriales o de empresa, mejoras de sus condiciones laborales e incrementos de los salarios.

¿Cuáles son los próximos retos del Colegio?

Tenemos varios, pero empezaremos por el que consideramos más importante: que se identifique al Graduado/a Social como el/la profesional jurídico experto en materia de Trabajo y Seguridad Social.

Dar a conocer al/la Graduado/a Social como auditor/a sociolaboral, actividad muy importante y necesaria para saber el grado de cumplimiento legal en materia de Trabajo y Seguridad Social en las empresas. Seguir ofreciendo nuestro servicio de orientación jurídica gratuito en materia laboral y de seguridad social, que tan buena acogida ha tenido y que cada día se demanda más por parte de los/as ciudadanos/as.

El Real Decreto Ley 28/2018, de aplicación a partir del 1 de enero de 2019, incorpora la novedad, sobre el abono por parte de las Mutuas de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo por todas las contingencias a partir del 61 día de baja.

Con motivo de lo anterior han sido numerosas las consultas que se han recibido relacionadas con esta novedad en lo que respecta a la información de afiliación, cotización y recaudación, las cuales han sido tratadas con la Tesorería General de la Seguridad Social y que, a continuación, se detallan.

El procedimiento para el cargo a la Mutua de las cuotas de los autónomos que están en IT más de 60 días consistirá en lo siguiente.

Por parte de la TGSS se van a identificar los periodos que tienen que cotizar las Mutuas y por parte de la Intervención se cargará este importe a la Mutua.

Es decir, no habrá que dar de baja al autónomo en Seguridad Social ni hacer ningún tipo de solicitud, ya que entre la Tesorería y la Mutua se identificarán los periodos de baja por accidente o enfermedad común más allá del día 61, y la Tesorería nos cargará a nosotros las Mutuas las cotizaciones correspondientes a ese periodo.

Los supuestos de los autónomos en los que la cotización iría a cargo de las Mutuas serán dos:

1- Los que teniendo cubierta la protección por cese de actividad durante 2018 se encontraban en situación de incapacidad temporal a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. Transcurridos 60 días desde que se iniciara dicha situación podrán beneficiarse del pago de las cuotas a partir del 1 de enero, por todas las contingencias, abonándose las mismas por la mutua colaboradora con la Seguridad Social, la entidad gestora o, en su caso, el servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas por cese de actividad

2. Los que no tenían protección por cese de actividad durante 2018 y se encontraran en situación de incapacidad temporal a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto ley 28/2018, de 28 de diciembre, deberán permanecer en dicha situación 60 días desde el 1 de enero de 2019 para beneficiarse del pago de las cuotas, por todas las contingencias, abonándose las mismas por la mutua colaboradora con la Seguridad Social, la entidad gestora o, en su caso, el servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas por cese de actividad.

La TGSS deberá detectar estos supuestos y descontar a las y  los trabajadores autónomos de su cotización mensual lo que corresponda, cargándoselo a la mutua.

En los supuestos en los que la cotización del autónomo sea de Tarifa Plana o tenga alguna de las distintas bonificaciones, la Mutua no se beneficiaría de dicha situación en caso de tener que cotizar por un autónomo que ya la disfrutara, y cotizará el porcentaje correspondiente por su base de cotización.