Gipuzkoa Berdinago y Euskaraldia

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Es un proyecto que integra un grupo de trabajo que persigue acordar y poner en práctica hábitos lingüísticos ejemplares en el uso público de los idiomas oficiales, para de esta manera profundizar en la igualdad lingüística y generar así modelos más equilibrados de convivencia lingüística. 

Las empresas e instituciones que formamos Gipuzkoa Berdinago participaremos en la segunda edición de Euskaraldia y estamos trabajando para crear arigunes. Porque la promoción del uso del euskera es una función de todos. Hemos preparado un vídeo para que otras instituciones y empresas participen en la segunda edición del Euskaraldia y se sumen a la red del euskera. 

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Vela: Diversión y responsabilidad en el mar

Las competiciones deportivas vuelven poco a poco y una de las más placenteras en verano es la práctica de la vela, que también tiene su estupendo componente de ocio. A quien le gusta competir puede hacerlo como ya ha ocurrido en el Trofeo Bizargorri Eclair, en el Campeonato de Bizkaia o en la Regata Costa Vasca-Trofeo Ballena de Oro. Los chavales de vela ligera también han programado sus entrenamientos y cursos en una vuelta en la que hay que cumplir con los oportunos protocolos de seguridad sanitaria.

Muchas personas aficionadas a la vela ya han sentido la libertad de estar de nuevo en el mar. Y es que la vela depara una gran independencia que ofrece la posibilidad de disfrutar, y en nuestra Comunidad Autónoma lo podemos hacer con más facilidad ya que tenemos el mar al lado. Si el viento, imprescindible, es nuestro aliado, sentiremos el placer y libertad de este deslizamiento con nuestra embarcación, que las hay de muchas clases, medidas o prestaciones, ya hagamos navegación en crucero, en monotipos J80, en embarcaciones de vela ligera… Además, navegar a vela propicia una enorme tranquilidad por lo relajante de la navegación, una actividad deportiva que ayuda a desarrollar la responsabilidad y el respeto por el medio ambiente, algo cada vez más necesario en nuestras vidas. Además, depara un incremento de la autoestima, a la vez que se mejora la concentración, el sentido de posicionamiento, la conciencia del espacio y la coordinación de movimientos. Las muchas personas que navegan a vela, cada vez más en nuestra costa, dicen que es algo más que una modalidad deportiva, y lo consideran como una forma distinta de comprender la vida. El desplazamiento en el barco se realiza sin ruidos, sin prisa alguna -salvo que se esté en competición-, y sin contaminar el medio ambiente. La práctica de la vela requiere también estar en buena forma física, destreza, el necesario e importante trabajo en equipo y tiene su bello componente de aventura y de desafío. La costa cantábrica favorece su práctica y son muchas las ventajas que descubre para nuestra salud física y mental. Ya hemos citado que mejora la capacidad de concentración y de equilibrio, además de tonificar los músculos y fortalecer el cuerpo a personas de cualquier edad, porque es una actividad que puede interesar a personas de todas las generaciones.

El sistema cardiovascular también se refuerza y ¡no sabéis lo que ayuda a dejar de lado el estrés que nos asola a diario! Esta práctica estimula la síntesis de vitamina D, la que nos ayuda a prevenir el raquitismo y la osteoporosis, favorece la circulación sanguínea y nuestro estado anímico. Al igual que en otros deportes, hay que tomar precauciones al practicar la vela, ya que es recomendable ser precavidos con las lesiones musculares que puede provocar. Y es que navegar precisa a veces de movimientos explosivos, los cuales sin una forma física correcta pueden derivar en problemas de rodilla o en lumbalgias. Son habituales los dolores de espalda, tanto en los aficionados que navegan en sus barcos como en las tripulaciones de las competiciones. Eso sí, también hay que tener mucho en cuenta al sol y los efectos que provoca sobre la piel, ya que puede ser causante de enrojecimiento y quemaduras.

Nos quedamos con lo bueno, porque estar cerca del mar estimula sustancias para la salud mental que nos proporcionarán bienestar, calma y relajación tan especial en la amplitud. Además, desde estas líneas de la sección de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas-Euskal Kirol Federazioen Batasuna, subrayamos que las actividades náuticas permiten que los niños y niñas mejoren en sus destrezas en las distintas escuelas de vela existentes en nuestro territorio. Les ayuda, sobre todo, a planificar cada salida al mar, con lo que ello conlleva de preparación, así como a seguir las instrucciones que se les trasladan. Y ayuda a trabajar en equipo con la diversión y la responsabilidad como ejes fundamentales. La vela es un deporte ideal, de los mejores, para esta época del año. Es una filosofía de vida.

HORARIO CENTROS ASISTENCIALES DE MUTUALIA, VERANO 2020

El horario de los centros asistenciales de Mutualia se verá modificado durante estas fechas veraniegas.

 Las clínicas de Ercilla y Pakea mantienen su servicio habitual de 24 horas, al igual que el Hospital de Alta Resolución de Vitoria-Gasteiz que permanecerá abierto de 08:00 a 20:00 (urgencias fuera de ese horario en el Hospital San José). 


El horario de verano de los centros asistenciales será:

CENTROS DE ALAVA

HAR Vitoria-Gasteiz: Mantiene horario de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes.

Fuera de horario: Hospital San José

LLODIO: Mantiene horario de 8:00 a 15:00

CENTROS DE BIZKAIA

CLÍNICA ERCILLA: 24 horas

Todos los centros mantienen horario de 8:00 a 15:00

CENTROS DE GIPUZKOA

CLÍNICA PAKEA: 24 horas

EIBAR e IRÚN mantienen horario de 8:00 a 15:00

AZKOITIA:

BEASAIN:

BERGARA:

OTROS CENTROS:

El tiempo dedicado al reconocimiento medico debe ser tenido en cuenta como tiempo efectivo de trabajo.

La Audiencia Nacional en sentencia de 2 de marzo de 2020 reconoce el derecho de los trabajadores demandantes a que el tiempo empleado en la realización de los reconocimientos médicos ya sean voluntarios u obligatorios se deben hacer en jornada y horario laboral y en caso de tener que realizarse fuera de dicho horario, el tiempo que el trabajador invierta debe ser considerado como tiempo efectivo de trabajo, siendo esta ultima una petición subsidiaria dentro de la demanda presentada como conflicto colectivo.

Se trata de determinar desde el punto de vista de la medidas preventivas aparejadas a la vigilancia de la salud y que culminan en la realización de los oportunos reconocimientos médicos ya sean de carácter voluntario u obligatorios al albur de los preceptuado en el art.14.5 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en relación con el artículo 22 del mismo cuerpo normativo, si existe o no respaldo respaldo legal o jurisprudencial que otorgue el carácter de tiempo efectivo de trabajo al dedicado a realizar los mencionados reconocimientos médicos.

La conclusión a la que llega nuestra Audiencia Nacional y que procedemos a anticipar es que se debe considerar que tanto para el caso de reconocimientos médicos de carácter voluntario como para aquellos que conforme a la profesión ejercida o derivados de situaciones propias de la actividad laboral a desarrollar pudieran devenir en la obligatoriedad de los reconocimientos, en ambas situaciones se debe considerar tiempo efectivo de trabajo el utilizado para realizar los mismos, ya sea dentro de la jornada de trabajo que es lo deseable o bien si se realizan fuera de la jornada de trabajo en cuyo caso debe ser igualmente considerado como tiempo efectivo de trabajo y por ende compensado.

En esta misma línea ya se había pronunciado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia de fecha 9 de enero de 2018 (rec.2375/2017) poniendo de manifiesto que el coste relativo al reconocimiento médico que es en si mismo la base de la seguridad y salud en el trabajo no puede en ningún caso recaer en los trabajadores, ya no desde el punto de vista económico, es que ni si quiera desde el punto de vista social con perdida de tiempo ajeno a la actividad profesional, basándose para ello en el principio inspirador de la ley de prevención de riesgos laborales de absoluta gratuidad

hacia los trabajadores de los costes derivados de la propia actividad preventiva, tanto en el plano económico como en el social, llegando igualmente las sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la solución en relación al tiempo invertido en la realización de los reconocimientos médicos, a que es cierto que no existe normativa que contemple tal situación y que señale que los mismos deben ser realizados durante el horario de la jornada laboral y que en caso de no poder ser realizados en ese horario el tiempo invertido debe ser considerado como de trabajo a efectos de su compensación, afirmando que debe ser considerado como tal bajo la premisa de que no puede suponer carga, coste o consecuencia negativa y perjudicial para el trabajador.

Así por tanto nos encontramos con una actividad que son los reconocimientos médicos que constituyen pilar básico de la vigilancia de la salud y por ende de lo que constituyen las obligaciones básicas en materia preventiva desde el punto de vista empresarial, para garantizar el derecho a la salud de cuantos intervienen en la relación laboral, así como de terceros que se puedan ver afectados por la misma, derecho este que asiste a los trabajadores y que se corresponde correlativamente con el deber de las empresas de protección de aquellos frente a los riesgos derivados de la propia actividad profesional y como tal deber empresarial los costes que del mismo se deriven deben ser asumidos en su integridad por las propias mercantiles.

Jesus Mª Vicente

Letrado de la Asesoría Jurídica de Mutualia

Mutualia atendió a más de 100 Mil personas en Euskadi

Junta General Ordinaria 2020
  • Unas 75.000 personas recibieron asistencia sanitaria y más de 100.000 tuvieron acceso al cobro de prestaciones.
  • El índice de satisfacción de las personas que recibieron asistencia sanitaria se situó en el 8,61 sobre 10.
  • El 96,14% de las personas usuarias se muestran satisfechas o muy satisfechas.

“Mutualia aporta a la sociedad vasca 1,28€ por cada euro que recibe”

Ignacio Lekunberri

Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº2, ha celebrado su Junta General Ordinaria, aprobándose el balance económico y la actividad del ejercicio 2019, donde ha obtenido un resultado de 12 millones de euros, con unos ingresos por cuotas de 335,7 millones, con un gasto total en prestaciones de 202,7 millones, de los que 190 han sido abonados a personas trabajadoras de la CAPV. Además, durante el ejercicio 2019 destinó 1 millón de euros en ayudas a personas en situación de especial necesidad.

El ejercicio 2019 ha destacado por un fuerte incremento de las prestaciones por contingencia común, directamente relacionado con el incremento de las bajas, que incluso está poniendo en riesgo la viabilidad del sector de la mutuas. En este sentido, Urtsa Errazti, Presidente de Mutualia, subrayó en su intervención que “las contingencias comunes han llevado al sector de mutuas a un déficit estructural que amenaza, si desde el Ministerio no se toman medidas este mismo año, con terminar con un modelo de colaboración público-privada con más de 50 años de exitosa experiencia” y por su parte, Ignacio Lekunberri, Director Gerente de Mutualia, destacó que “Mutualia aporta a la sociedad vasca 1,28€ por cada euro que recibe” según un modelo de contabilidad social.

En esta ocasión, dada la excepcionalidad de la situación provocada por la pandemia del COVID-19, el evento se ha desarrollado con un estricto protocolo de seguridad y aforo limitado, donde, como todos los años, se han integrado medidas ambientales en su diseño y organización, siguiendo la metodología Erronka Garbia, un procedimiento que permite minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente asociados a la celebración de los eventos.

Documentación

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icono pdf Cuentas Anuales 2019

icono pdf Informe del comité de inversiones 2019

icono pdf Informe de auditoría de las cuentas anuales 2019 (Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social)

icono pdf Informe de auditoría de las cuentas anuales 2019 (Gestión del Patrimonio Histórico)

MUTUALEX SENTENCIA JULIO 2020

AFECTACIÓN DE LA BASE REGULADORA Y SUS EFECTOS ECONOMICOS EN LA DECLARACION/REVISIÓN DE GRADO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE.

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 35/2020 DE 16 DE ENERO.

En los hechos enjuiciados se analiza a la situación de un trabajador afiliado al régimen general de la Seguridad Social siendo su última profesión habitual la de comercial, al cual se le reconoció afecto a una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo para su profesión habitual anterior mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el año 2012.

Con posterioridad y mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de julio del año 2014 el trabajador es reconocido como afecto a una incapacidad permanente total para su nueva profesión como comercial y derivada de enfermedad común , siendo la base reguladora de 703,87.-€.

Frente a esta resolución el trabajador acciona mediante la interposición de demanda en solicitud de reconocimiento de incapacidad permanente absoluta y que la misma se fije teniendo en consideración la base reguladora que dio lugar en su momento al reconocimiento de la incapacidad permanente total por accidente de trabajo del año 2012 y cuya cuantía ascendía a 1090,06.-€, teniéndole por desistido el 7 de septiembre de 2015, presentando el actor nueva reclamación previa el 25 de setiembre, desestimada por resolución de 9 de octubre de 2015, frente a la cual finalmente se insta el procedimiento judicial en el que se dicta sentencia por la que se le declara en situación de IPA actual, pero con la base reguladora de la IPT por enfermedad común, y confirma la incompatibilidad de las dos prestaciones al resolver el Régimen General estimando parcialmente la demanda. ,

En el presente supuesto la normativa objeto de estudio se fija fundamentalmente en el art.143 de LGSS, y los arts. 17 a 19 de la OM de 18 de enero de 1996 y arts. 17 a 21 del Decreto 3158/1966 de 23 de diciembre, de igual modo y desde el punto de vista jurisprudencial se examinan las directrices dadas por las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2000 (Rcud. 898/1999), 29 de septiembre de 2004 (Rcud. 60/2003), 4 de noviembre de 2004 (Rcud. 1045/2003) y 5 de julio de 2010 (Rcud. 3367/2009), esta última en relación a la compatibilidad de las prestaciones derivadas de dos incapacidades permanentes.

El Criterio jurisprudencial que mantiene el Tribunal Supremo abarca las dos cuestiones que constituyen el objeto de la Litis: Una , cuál debe ser la base reguladora de la prestación de IPA derivada de Enfermedad Común cuando viene precedida de una IPT, ambas en el mismo régimen , aunque sea por distinta contingencia, en concreto, en el caso analizado por Accidente de Trabajo. Y la otra, cuál debe ser la fecha de efectos económicos en situaciones en las que el trabajador ante la resolución el INSS en el año 2014 reconociéndole afecto a una incapacidad permanente total para su nueva

profesión de comercial por Enfermedad Común interpuso reclamación previa y posterior demanda solicitando el reconocimiento de la IPA de la que se le tuvo por desistido, presentando el trabajador nueva reclamación previa, el 25 de septiembre desestimada por resolución de 9 de octubre, y nueva demanda en cuyo procedimiento judicial se dicta sentencia declarando la situación de IPA actual,

En relación con la primera cuestión, la sentencia sigue la línea jurisprudencial de las que le han precedido concluyendo que debe aplicarse la Base Reguladora que dio lugar a la incapacidad permanente total inicial que se ha agravado (2012), manteniendo que “ es indistinto que el procedimiento administrativo previo sea de declaración de una nueva incapacidad permanente o de revisión de la existente, debido a que el espíritu finalista de ambos es analizar de manera conjunta la capacidad del trabajador para trabajar. Así en el presente caso en la vía administrativa se resolvió el reconocimiento del trabajador como afecto a una incapacidad permanente total para su nueva profesión, siendo en sede judicial donde se le reconoce afecto a una incapacidad permanente absoluta de tal modo que resultaría ilógico mantener que el trabajador está incapacitado para la realización de cualquier trabajo o profesión y por otro lado que está incapacitado para el desarrollo de una profesión concreta, siendo además incompatibles por el hecho de estar ambas prestaciones lucradas en el mismo régimen, así resultaría ilógico proceder a una disminución de la acción protectora del trabajador mediante la aminoración de la base reguladora”

Finalmente en relación a la segunda cuestión sobre si la fecha de efectos debe ser la del reconocimiento de la incapacidad permanente total en septiembre de 2014, o la de los 3 meses anteriores a la fecha de la nueva solicitud el 25 de septiembre de 2015 tras el desistimiento del procedimiento judicial , el Tribunal pone de relieve como la propia Entidad Gestora había fijado los efectos económicos de la prestación en 13 de octubre de 2014, al declarar al actor en situación de incapacidad permanente total.

Se pronuncia expresamente sobre la circunstancia del desistimiento de la primera demanda que a juicio del Supremo sólo podría incidir, en su caso, en la eventual prescripción de su derecho. Por lo que, dada la no afectación de dicho instituto de la prescripción -lo que el propio INSS admite-, la fecha de efectos de la prestación se mantiene en los términos establecidos para este tipo de protección. con relación a la fecha fijada para en el dictamen propuesta de la EVI, recordándose dos situaciones, por un lado si el trabajador declarado en situación de incapacidad permanente ha estado en situación de incapacidad temporal previa y ahora estuviera prestando servicios la fecha de efectos sería la del cese efectivo en el trabajo, pero si el reconocimiento de la incapacidad permanente se produce estando el trabajador en situación de incapacidad temporal la fecha de efectos sería la de su calificación salvo que fuera mayor el importe a la fecha del dictamen de la EVI en cuyo caso se deberá tomar esta fecha.

Jesus Mª Vicente

Letrado de la Asesoría Jurídica de Mutualia

CONSULTA JURÍDICA JULIO 2020

¿CÓMO SE REGULA EL SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL TRAS LA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA

El art. 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, vigente desde el día 2 de abril, prevé la posibilidad de que los trabajadores cuyo contrato temporal, de al menos dos meses, haya finalizado con posterioridad a la declaración del estado de alarma y que carezcan de cotizaciones suficientes para acceder a la protección por desempleo, accedan al subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.

El pasado 29 de abril el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado la Instrucción dirigida a fijar el procedimiento para la tramitación de dichas solicitudes. En principio no se contemplan límites de edad para el acceso, ni es causa obstativa el haber percibido anteriormente prestación o subsidio por desempleo. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 20 de julio (inclusive) al haber finalizado la vigencia del Estado de Alarma concluye el 21 de junio.

Lógicamente el perceptor debe estar desempleado por finalización de su contrato temporal, haya sido éste a jornada completa o parcial. Deberá inscribirse como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad. La extinción debe haberse producido entre el 15 de marzo y el fin del Estado de Alarma (el 21 de junio), incluyendo a los contratos de interinidad, formativos y de relevo (salvo indefinidos).

Es imprescindible que el contrato extinguido haya implicado la obligación de cotizar por desempleo y tenido al menos dos meses de vigencia computados de fecha a fecha (incluyendo las vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas). Este requisito no se cumple en el caso de que el trabajador haya encadenado varios contratos temporales y el último de ellos no haya alcanzado los dos meses, por más que la suma de los contratos supere dicho período. No obstante, sí lo cumplen aquellos trabajadores a los que se les haya extinguido su último contrato temporal de al menos dos meses y mantengan la condición de fijos discontinuos o para la realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.

Igualmente no tendrán acceso aquellos que en el período del Estado de Alarma hayan visto suspendido sus contratos, al ser exigencia básica la extinción contractual. Esta extinción debe haber sido involuntaria por parte del trabajador dado que el subsidio de desempleo sólo ampara a aquellos que pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo.

El subsidio excepcional es incompatible con estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha de la extinción del contrato. Sin embargo, no será excluyente el mantener, en fecha de extinción del contrato, otro contrato a tiempo parcial o quienes lo hayan iniciado tras la extinción del anterior. Ahora bien, el salario percibido por ese contrato sí será computado para determinar si se supera el 75 % del SMI, límite para el acceso o percepción del subsidio por disponer de otras rentas. En este límite no se contemplarán rentas obtenidas por otros miembros de la unidad familiar. Igualmente será incompatible con la percepción de la renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública, que sí son compatibles con el subsidio de desempleo ordinario.

El subsidio excepcional únicamente se prevé para aquellos que no puedan acceder a cualquier modalidad de desempleo ordinario por carecer de cotización suficiente.

Tampoco alcanza a los trabajadores con cotización de 90 días o más y tienen responsabilidades familiares, puesto que en ese caso tienen acceso a modalidad específica en el subsidio ordinario. En caso de que el SEPE advirtiera la concurrencia de tales condiciones y responsabilidades familiares en un perceptor del subsidio excepcional, que las hubiese omitido, procederá a la revocación del mismo, sin perjuicio de reconocer la prestación pertinente.

El cauce ordinario de presentación de las solicitudes es el telemático por medio de la Sede Electrónica del SEPE. El reconocimiento del derecho implicará la previa comprobación de la duración de al menos dos meses del contrato extinguido y de la insuficiencia de cotizaciones para el acceso a cualquier modalidad de desempleo ordinario. El derecho tendrá efectos desde el día siguiente a la extinción del contrato temporal o tras el agotamiento de las vacaciones retribuidas y no disfrutadas.

No será óbice para el reconocimiento del derecho la existencia de litigiosidad con el empresario en relación con la resolución contractual, sin perjuicio de que, a la luz de cómo se resuelva el conflicto, puedan realizarse más tarde las regularizaciones procedentes.

La duración del subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley, y no podrá percibirse en más de una ocasión. Su cuantía equivaldrá al 80 % del IPREM sea el contrato extinto a jornada completa o parcial, realizándose el abono por el SEPE a partir del mes siguiente al de la solicitud.

Iñaki Esnal

Letrado de la Asesoría Jurídica de Mutualia