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El artículo 37.3.e) del Estatuto de los Trabajadores, (ET), en el ámbito de los permisos laborales, contempla la posibilidad remunerada de ausentarse del trabajo para realizar funciones sindicales o de representación del personal. Viene a completar lo dispuesto en el artículo 68.e) del ET que establece que los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales de las personas trabajadoras, tendrán, entre otras garantías, la de disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación.

Tales normas son plasmación del derecho constitucional de libertad sindical (artículo 28.2 CE) y de la Recomendación n º 143 de la Organización Internacional del Trabajo que establece que, a fin de que los representantes de las personas trabajadoras puedan desempeñar eficazmente sus funciones, deben disfrutar del tiempo libre necesario, no sólo para el desempeño de labores que respondan stricto sensu a la idea de representación de los trabajadores, sino también para asistir a reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales, procurando que ello sea sin pérdida de salario, ni de prestaciones u otras ventajas sociales.

Partiendo de esa configuración normativa del crédito horario sindical como un permiso remunerado, se cuestiona si su uso constituye un derecho general para ausentarse o si por el contrario su ejercicio puede ser fiscalizado, de forma no intrusiva, por la empresa para comprobar su uso debido.

Esa es precisamente la cuestión que ha venido a resolver la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de junio de 2024, (Recurso 472/2021), en un supuesto en el que la empresa deniega el pago de algunas horas a una delegada sindical por considerarlas no debidamente justificadas, siendo la costumbre en la empresa no justificarlas hasta que en el año 2019 se emite un comunicado poniendo de relieve la necesidad de indicar genéricamente el tipo de actividad que va a asignarse el tiempo utilizado (asamblea, congreso, reunión, etc.).

Tal fiscalización genérica es estimada como contraria a la libertad sindical, formulándose demanda por la trabajadora exigiendo su remuneración e indemnización añadida por daño moral. Tras ser rechazada en instancia, la pretensión tendrá acogida en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que no sólo obligará a la empresa al abono de los salarios y sus correspondientes intereses, sino que impondrá una indemnización por daño moral de 6.250 €.

Recurrida la Sentencia por la empresa, el Tribunal Supremo, en la citada Sentencia de 11 de junio de 2024, hará suyo el criterio del juzgado de instancia, validando la actuación empresarial en el caso al establecer que no lesiona la libertad sindical la petición empresarial de una genérica justificación del uso al que se destina el crédito horario, pudiendo dejar de abonar el salario del tiempo que quede sin justificar, eso sí, sin medida disciplinaria añadida y sin condicionar su disfrute. Ahora bien, ello no permite a la empresa poder exigir una justificación asfixiante hasta el punto de poder considerarse una injerencia en el ejercicio de la libertad sindical.

La Sentencia resulta esclarecedora a la hora de fijar los límites del derecho empresarial a solicitar una justificación del uso del crédito. Ampara la presunción del uso debido de las horas y la innecesaridad de autorización empresarial previa, pero permite a la empresa poder exigir una justificación formal, que se obtendría aportando alguna prueba que acredite dónde se ha estado al faltar del trabajo, pero descarta poder reclamar información sobre el contenido de la propia actividad, pues ello atentaría contra la indispensable independencia y libertad en el ejercicio de la función representativa. El uso del crédito no puede someterse por parte de la empresa a un control rígido que amenace la independencia del representante, que debe tener iniciativa y libertad de desarrollo en su cometido.

Iñaki Esnal Zalakain   

Letrado de la Asesoría Jurídica de Mutualia 

Como es sabido, las enfermedades profesionales, con previsión legal en el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, si bien se exteriorizan en un momento determinado, se vienen desarrollando a lo largo del tiempo, de forma silente e insidiosa, por la exposición de la persona trabajadora a determinadas sustancias, elementos o condiciones de trabajo.

Por contra, los accidentes de trabajo, previstos en el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, requiere de un evento traumático o mecanismo lesivo causante de la lesión.

Cuando de la lesión constitutiva del accidente deviene, por ejemplo, una incapacidad permanente, la responsabilidad prestacional corresponde a aquella entidad en la que está asegurada la contingencia en el momento en el que se produce el hecho causante (evento traumático).

En cambio, en el contexto de una enfermedad profesional, la responsabilidad prestacional en relación con la pensión de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, está dotada jurisprudencialmente de criterios de imputación que difieren considerablemente. Aquí, la responsabilidad será distribuida entre las distintas entidades gestora y/o colaboradoras en proporción al tiempo de exposición al riesgo causante de la enfermedad en las empresas a las que dan cobertura, resultando además que la responsabilidad de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se iniciaría, en todo caso, con efectos del 1/01/2008, desde la entrada en vigor de la Ley 51/2007, de Presupuestos Generales del Estado.

Al propio tiempo, en este ámbito, también confluyen otro tipo de responsabilidades como es la contractual por los daños y perjuicios causados, secundarios a la enfermedad profesional contraída, ex artículos 1.101 y siguientes del Código Civil.

Pues bien, en estas circunstancias, la precitada doctrina se ha hecho extensible a los daños y perjuicios derivados de esa enfermedad profesional, estableciéndose una responsabilidad de carácter mancomunado. Esto es, en aplicación de los artículos 1.137 a 1.139 CC, la responsabilidad indemnizatoria se repartirá proporcionalmente en función del tiempo en el que haya prestado sus servicios el trabajador en las distintas empresas con riesgo de contraer la enfermedad debido a su exposición. De esta forma, nos situaremos en una responsabilidad individualizada y no solidaria, situación esta última que sólo concurriría cuando resultase imposible deslindar las responsabilidades concretas.

Así las cosas, esta doctrina, si bien ya es conocida por sentencias del Alto Tribunal como la 685/22, de 21 de julio, ha sido definitivamente consolidada mediante la reciente Sentencia 696/2024 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 21 de mayo, en los siguientes términos:

“Al respecto, es la sentencia recurrida la que contiene la buena doctrina ya que responde a la jurisprudencia que esta Sala ha fijado ya en numerosas ocasiones respecto a las responsabilidades en materia de prestaciones de Seguridad Social derivadas de la misma enfermedad profesional aquí contemplada cuando se trata de imputar obligaciones a diversas mutuas o al INSS que se han sucedido en el tiempo asegurando las contingencias de las que se derivan las prestaciones reclamadas. Se trata de una doctrina que debe ser aplicada, de igual modo, a los supuestos en los que lo que se reclama es la responsabilidad civil derivada de accidente de enfermedad profesional cuando ésta no se produce en un momento determinado, sino que va gestándose a lo largo del tiempo y, en ese período, se suceden diferentes empresas en la posición de empleadoras y en las mismas existe la exposición a los mismos agentes nocivos que, a la postre, desencadenan la enfermedad”.

Jon Careaga  

Letrado de la Asesoría Jurídica de Mutualia