Aplicación del porcentaje de parcialidad para el cálculo del importe máximo de la prestación por desempleo de los trabajadores a tiempo parcial que pierden su único empleo.

(Sentencia de 16 de enero de 2018 de la sala Social del Tribunal Supremo. Recurso de casación para la unificación de doctrina 370/2017)

La Sentencia analiza el caso de una trabajadora que prestó servicios por cuenta ajena, a tiempo parcial por el 50 % de la jornada a tiempo completo, extinguiéndose la relación laboral por causas objetivas.

Presentada la correspondiente solicitud de prestación por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución reconociendo derecho a la misma por periodo de 720 días, con derecho a una prestación en cuantía inicial de 18,12 euros diarios. Tal cuantía era el resultado de aplicar el porcentaje de parcialidad del 50 % al importe máximo mensual establecido para beneficiarios sin hijos a cargo, que en aquel momento resultaba ser de 1.087,20 euros (equivalente al 175 % de la cuantía entonces vigente del indicador múltiple de rentas, IPREM, incrementado en un sexto).

La trabajadora interpuso demanda frente a dicha Resolución, solicitando que se eliminase el porcentaje por parcialidad, siendo la misma desestimada por el Juzgado de lo Social, cuyo pronunciamiento fue confirmado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en sentencia dictada el día 30 de noviembre de 2016 (Rec.1636/2016).

Formalizó la trabajadora recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 21 de abril de 2014 (Rec. 1555/2013). Mientras que la sentencia recurrida considera que de conformidad con lo dispuesto en el art. 211.3 LGSS (actual artículo 270.3 del Texto Refundido) la cuantía máxima de la prestación por desempleo debe calcularse aplicando el correspondiente porcentaje de parcialidad, la sentencia alegada entiende que esa regla sólo entra en juego en los supuestos de pérdida de empleo a tiempo parcial que no suponga desempleo total, pero no cuando el desempleo es total por pérdida de un trabajo a tiempo parcial.

El Tribunal Supremo, mediante esta sentencia de 16 de enero de 2018, reitera la doctrina en la materia ya unificada por la Sala en su sentencia de 27 de diciembre de 2016 (Rec. 3132/2015). En aquella sentencia se establecía que en caso de pérdida de un trabajo a tiempo parcial el porcentaje de parcialidad, que se determina en función del promedio de las horas trabajadas durante el período de los últimos 180 días que determina el importe de la base reguladora, se debe de proyectar no sobre la base reguladora, sino sobre los topes máximo y mínimo de la prestación. En definitiva, se debe de proyectar el porcentaje de parcialidad sobre los topes máximo y mínimo de la prestación por desempleo en caso de pérdida de empleo a tiempo parcial, es decir, la cuantía máxima de la prestación se debe determinar teniendo en cuenta el IPREM en función de las horas trabajadas.

La sentencia añade que la previsión legal no se opone «a la cláusula 4 de la Directiva 97/81 (LCEur 1998, 124) , relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, no siendo discriminatorio el establecimiento de los topes legales para el percibo de las prestaciones de manera proporcional  a la actividad. No resulta tampoco contraria, en opinión del Tribunal Supremo, a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativos al cómputo del trabajo a tiempo parcial vertical a efectos de determinar la duración de la prestación, pues la cuestión que aquí se plantea no guarda relación con dicho cómputo a efectos de determinar la duración de la prestación sino con la cuantía máxima de la misma atendiendo al número de horas trabajadas en el período de referencia.

Kepa Bilbao

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Publicada Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se regula y actualiza el Sistema RED

Transcurridos más de cuatro años desde la entrada en vigor de la anterior orden ministerial, la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, se ha procedido a su reforma para la consecución de tres objetivos:

  1. Ampliar el ámbito de aplicación subjetivo del Sistema RED mediante su extensión a nuevos colectivos, fundamentalmente de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
  2. Facilitar la aplicación de sus medidas, perfilando más adecuadamente las actuaciones que pueden ser objeto de transmisión electrónica a través de ese Sistema, así como los intervinientes en el intercambio y comunicación de datos.
  3. Incluir, dentro de tales actuaciones, una nueva comunicación de datos que permitirá agilizar el reconocimiento de diversas prestaciones de la Seguridad Social.

¿Cuales son las modificaciones más relevantes que introduce la Orden?

 

  • Se recoge, como nueva actuación a transmitir mediante el Sistema RED, la comunicación por parte de las empresas de la fecha de inicio de la suspensión del contrato de trabajo o del correspondiente permiso, a efectos de tramitar las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como de las reducciones de jornada de trabajo de los progenitores, adoptantes o acogedores, a efectos de tramitar la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de las que sean beneficiarios los trabajadores por cuenta ajena o asimilados. Entrada en vigor maternidad y paternidad 1 abril 2018 y resto 1 de enero de 2019.
  • Se extiende de forma obligatoria la aplicación del Sistema RED a los trabajadores por cuenta propia integrados en los RETA y en el REM, a excepción, en este último caso, de aquellos que figuren clasificados en los grupos segundo y tercero del citado régimen a efectos de cotización, al diferir esta sustancialmente de la del resto de los trabajadores por cuenta propia. Plazo para hacer efectiva la integración obligatoria: 6 meses a partir del 1 de abril de 2018.
  • La obligatoriedad del Sistema RED también se amplía a las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar al Régimen General, por lo que respecta al colectivo de los representantes de comercio y al Sistema Especial de la Industria Resinera, hasta ahora excluidos de esa obligatoriedad.
  • Otros sujetos responsables afectados por reglas especiales.
  • No será obligatoria la incorporación al Sistema RED:
    • En el Régimen General, para las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, por lo que respecta al colectivo de profesionales taurinos y al Sistema Especial para Empleados de Hogar.
    • En el REM para los trabajadores por cuenta propia clasificados, a efectos de cotización, en los grupos segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre.

 

La entrada en vigor de la Orden se producirá el 1 de abril de 2018, salvo algunas excepciones posteriores indicadas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf

Apertura Centro Eibar

El próximo miércoles 14 de Marzo de 2018, abriremos nuevamente nuestro centro asistencial de Eibar (Barrena Kalea 18, 20, 22).

Durante los últimos tres meses hemos realizado una reforma integral del mismo, destacando especialmente la ampliación significativa del servicio de rehabilitación. Además, hemos dotado al centro de nuevos vestuarios, se han ampliado los despachos médicos y la sala de curas y se han readaptado los servicios generales.

En esta remodelación, hemos prestado especial interés en mejorar la movilidad de las y los usuarios, adecuando los accesos a las personas con movilidad reducida.

 

Video del Servicio de Rehabilitación de Eibar: 

Todo accidente y enfermedad profesional se pueden evitar, hay que identificar el riesgo y tomar medidas.

Alfonso García Cardó   La prevención no es algo nuevo

Las empresas de la Unión Europea pierden al año unos 143 millones de jornadas por accidentes de trabajo, según  “Causes and circunstances of accidents at work in the EU». En el 21,5% de los centros se han producid o accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales en los últimos dos años,  según la Encuesta  nacional de gestión de la seguridad y la salud en las empresas  (ENGE 2009) INSHT.