Mes: junio 2026

La digitalización de las relaciones con la Administración da un nuevo paso. El pasado 1 de junio se publicó en el BOE la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, que modifica la regulación de las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Seguridad Social. 

La norma entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026 y amplía los colectivos de personas físicas obligadas a recibir sus notificaciones exclusivamente por medios electrónicos. 

¿Qué cambia? 

La principal novedad consiste en incorporar a nuevos beneficiarios y solicitantes de prestaciones de la Seguridad Social al grupo de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración. 

A partir de septiembre deberán recibir sus notificaciones por vía electrónica: 

• Las personas solicitantes o beneficiarias de prestaciones por Incapacidad Temporal (IT). 
• Las personas interesadas en procedimientos de Incapacidad Permanente (IP). 
• Los solicitantes o perceptores de prestaciones por lesiones permanentes no incapacitantes. 

Hasta ahora, muchas de estas comunicaciones podían realizarse mediante correo postal. Con la nueva regulación, la vía electrónica pasa a convertirse en el canal ordinario y obligatorio. 

Objetivo de la medida 

La Seguridad Social pretende agilizar la gestión de los expedientes y reducir las incidencias derivadas de las notificaciones postales que no llegan a su destinatario o lo hacen con retraso. 

La reforma tiene especial relevancia en los procedimientos de incapacidad temporal e incapacidad permanente, donde determinadas resoluciones, como las altas médicas o la extinción de prestaciones, producen efectos económicos inmediatos. 

Gracias a la notificación electrónica, la Administración podrá comunicar estas resoluciones de forma más rápida y eficaz, ajustando con mayor precisión la situación administrativa a la realidad clínica de la persona trabajadora. 

¿Existen excepciones? 

Sí. Aunque determinados colectivos estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, la norma mantiene algunos supuestos en los que la Administración podrá utilizar medios no electrónicos: 

Comparecencia presencial 

Cuando la persona interesada acuda voluntariamente a una oficina de la Seguridad Social y solicite recibir la notificación en ese momento. 

Necesidad de entrega directa 

Cuando la eficacia del acto administrativo requiera la intervención personal de un empleado público. 

Razones de urgencia 

Cuando la utilización de medios electrónicos resulte incompatible con el principio de celeridad administrativa. 

Ausencia de datos de contacto electrónico 

Si la entidad gestora no dispone de los datos necesarios para realizar los avisos asociados a la notificación electrónica, podrá recurrir excepcionalmente al envío postal. En ese caso, se informará al interesado para que facilite un correo electrónico o teléfono móvil para futuras comunicaciones. 

Un aspecto clave: la notificación puede producir efectos, aunque no se consulte 

Uno de los aspectos más relevantes de esta modificación es que incrementa la responsabilidad de las personas en el seguimiento de sus expedientes. 

El hecho de no acceder a una notificación electrónica no impide que esta produzca efectos jurídicos una vez transcurridos los plazos legalmente establecidos. Por ello, será fundamental revisar periódicamente las notificaciones disponibles y mantener actualizados los datos de contacto. 

¿Qué deben hacer las personas afectadas antes del 1 de septiembre? 

La entrada en vigor de esta obligación hace recomendable realizar algunas comprobaciones previas: 

• Verificar que se dispone de un medio válido de identificación electrónica (Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico). 
• Comprobar que el acceso a la Sede Electrónica de la Seguridad Social funciona correctamente. 
• Revisar y actualizar, en su caso, el correo electrónico y el número de teléfono móvil facilitados a la Administración. 
• Familiarizarse con el sistema de notificaciones electrónicas para evitar incidencias futuras. 

Impacto para empresas y asesorías 

Aunque la obligación de recibir las notificaciones corresponde a la persona interesada, esta modificación tendrá una repercusión práctica en empresas, departamentos de Recursos Humanos, graduados sociales y despachos profesionales. 

La gestión de procesos de incapacidad temporal e incapacidad permanente exigirá un mayor seguimiento de las comunicaciones electrónicas para evitar retrasos, pérdidas de plazo o situaciones derivadas del desconocimiento de una resolución ya notificada. 

Por ello, resulta aconsejable informar a trabajadores y clientes sobre este cambio normativo con suficiente antelación. 

Un paso más en la digitalización de la Seguridad Social 

La ampliación de los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Seguridad Social se enmarca en la estrategia de modernización y digitalización de las Administraciones Públicas. 

La medida persigue una gestión más ágil, eficiente y segura de las prestaciones, reduciendo la dependencia del correo postal y facilitando que las resoluciones administrativas produzcan efectos de manera más inmediata. 

Con la entrada en vigor prevista para el 1 de septiembre de 2026, empresas, profesionales y personas beneficiarias de prestaciones disponen de los próximos meses para adaptarse a este nuevo escenario de comunicación electrónica obligatoria. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2026/05/27/ism541/dof/spa/pdf

La prevención en el servicio del hogar familiar ya no puede abordarse de manera improvisada o meramente formal.

La normativa actual incorpora una visión preventiva mucho más amplia, incluyendo aspectos relacionados con sobreesfuerzos físicos, riesgos musculoesqueléticos, fatiga mental, trabajo nocturno, riesgos psicosociales, violencia y acoso, y protección de personas especialmente sensibles.

La publicación de la Resolución de 8 de mayo de 2026, junto con el desarrollo previo del Real Decreto 893/2024, supone un avance hacia la profesionalización preventiva de este sector.

Con esta nueva regulación, el trabajo doméstico comienza a equipararse progresivamente a otros sectores laborales en materia de seguridad y salud.

Disposición 10584 del BOE núm. 118 de 2026

Un nuevo sistema de formación preventiva obligatoria

 El Real Decreto 893/2024 desarrolla la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar y reconoce expresamente el derecho de las personas trabajadoras a recibir formación preventiva específica.

La reciente Resolución publicada en el BOE de 15 de mayo de 2026 concreta finalmente cómo deberá impartirse esa formación, cómo se realizará la autoevaluación y de qué forma podrá acreditarse oficialmente.

La formación será gestionada a través de la plataforma eFundae, dependiente de FUNDAE, y se impartirá en modalidad online mediante módulos adaptados a los principales riesgos del trabajo doméstico.

Pueden acceder al curso desde aquí.

Si el empleado o empleada no dispone de usuario, deberá acceder a Entrar al sitio | Fundae y registrarse. Una vez creado el usuario en Fundae, podrá acceder a la formación.

Entre las actividades formativas previstas destacan:

• Limpieza del hogar.
• Preparación de comidas y bebidas.
• Cuidado de personas.
• Conducción de vehículos.
• Trabajo nocturno o régimen interno.
• Trato con mascotas.
• Trabajos de jardinería.

Las cinco primeras actividades han sido consideradas especialmente relevantes por el mapa de riesgos elaborado por el INSST.

Dicha formación será única, aunque se presten servicios por cuenta de varias empresas o personas empleadoras y deberán estar centradas en las tareas del hogar y no en riesgos excepcionales.

Si existieran estos riesgos excepcionales, la persona empleadora deberá impartir una formación complementaria.

Con una duración de 5 horas y nivel básico, el curso aborda los riesgos específicos del entorno doméstico tomando como referencia el mapa de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)

Autoevaluación y certificación oficial

Una de las principales novedades es la incorporación de un sistema de seguimiento y acreditación de la formación preventiva.

La persona trabajadora deberá realizar controles periódicos y procesos de autoevaluación dentro de la plataforma eFundae.

Según el grado de seguimiento y superación de las evaluaciones, podrá obtener:

• Certificado de participación, si completa al menos el 75 % de los controles de seguimiento.
• Diploma de aprovechamiento, si además supera positivamente el 75 % de las evaluaciones.

El certificado o diploma se pondrá a disposición de la persona participante a través de la plataforma eFundae desde la fecha de finalización de la actividad formativa.

La formación deja así de ser meramente informativa para convertirse en un sistema acreditable y verificable documentalmente, circunstancia que puede adquirir especial relevancia ante futuras inspecciones o conflictos laborales.

La formación preventiva y la evaluación de riesgos NO son lo mismo

La nueva normativa está generando numerosas dudas prácticas, especialmente en relación con las distintas herramientas preventivas actualmente existentes.

Es importante no confundir y tener claro que:

• es (INSST): Es la herramienta destinada a que la persona empleadora pueda evaluar riesgos laborales, identificar peligros y documentar medidas preventivas dentro del domicilio.
• eFundae (FUNDAE): Es la plataforma destinada a la formación preventiva de la persona trabajadora y a la obtención de la correspondiente acreditación.

Ambas obligaciones son independientes y complementarias.

La formación preventiva no sustituye en ningún caso la obligación de evaluar los riesgos existentes en el domicilio donde se presta el servicio.

La responsabilidad preventiva de la persona empleadora continúa existiendo, aunque la formación general será financiada y gestionada públicamente, la responsabilidad preventiva principal sigue recayendo sobre la persona empleadora.

Entre otras obligaciones, deberán seguir garantizándose la evaluación inicial de riesgos. la revisión periódica de las condiciones de trabajo, la adopción de medidas preventivas adecuadas, la información a la persona trabajadora, la formación complementaria en caso de riesgos excepcionales.

Todo esto recogido en la guía técnica del INSST, Guía Técnica para la prevención de los riesgos laborales en el servicio del hogar familiar. , que recuerda que el trabajo doméstico incluye riesgos físicos, ergonómicos, psicosociales y situaciones potenciales de violencia o acoso( Protocolo de actuación. Violencia y acoso en el servicio del hogar familiar.) y que históricamente habían permanecido invisibilizados.

Aspectos a tener en cuenta.

La formación preventiva en riesgos laborales es obligatoria y forma parte del derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud.

Con carácter general, la normativa de prevención de riesgos laborales establece que la formación debe impartirse desde el inicio de la relación laboral, adaptarse a los riesgos específicos del puesto y garantizarse de forma continua cuando existan cambios o nuevos riesgos laborales.

El artículo 2.1 del Real Decreto 893/2024 reconoce expresamente el derecho de las personas trabajadoras del hogar familiar a recibir información y formación preventiva, así como el deber de protección de la persona empleadora.

Además, según el artículo 5.3, del mismo real decreto, el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud no puede recaer sobre las personas trabajadoras.

Para más información:

Servicio Del Hogar Familiar. Ministerio de Trabajo y Economía Social

En su reciente Sentencia de fecha 15 de abril de 2026, así lo pone de manifiesto el Tribunal Supremo, declarando que la percepción de una incapacidad permanente total (en adelante, IPT) no impide el acceso al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, fijando que las cotizaciones utilizadas para reconocer una pensión de IPT pueden volver a computarse para generar el derecho a percibir el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, resultando compatible el percibo de ambas sin que la persona beneficiaria tenga que optar por una de las dos. 

En el caso que resuelve el Tribunal, se trata en concreto de una persona que estaba percibiendo una pensión de IPT y posteriormente solicita el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, pretendiendo el SEPE revocar el subsidio concedido por entender que la percepción del mismo es incompatible con el percibo de la IPT y que el trabajador tiene que optar entre percibir el subsidio o la pensión.  

El SEPE entendió que en el caso del trabajador no concurrían los requisitos para mantener el subsidio y que únicamente debían tomarse en consideración las cotizaciones posteriores al reconocimiento de la IPT, y no las anteriores, alegando que no existía carencia suficiente en el caso del trabajador para el acceso al subsidio, citando entre otros, el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). 

En este caso, el debate consistía en determinar si el requisito para acceder al subsidio para mayores de 52 años de reunir todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a una pensión de jubilación, obliga a excluir las cotizaciones anteriores a la IPT o si esas cotizaciones pueden ser tenidas en cuenta también para el acceso al subsidio.   

Para resolver la cuestión debatida, resulta fundamental la diferenciación que el Tribunal hace entre la prestación contributiva por desempleo y el subsidio para mayores de 52 años:  

En el primero de los casos, cuando se pretende acceder a una prestación contributiva por desempleo tras una IPT, la carencia exigida debe integrarse con cotizaciones posteriores a la IPT, porque el hecho causante de la prestación contributiva de desempleo no es en abstracto la situación de privación de una ocupación, sino concretamente la pérdida del empleo por parte de quien había estado incorporado al mercado de trabajo durante un tiempo mínimo de ocupación cotizada. En este caso, la ocupación cotizada a tener en cuenta no puede ser la correspondiente a un empleo anterior, cuya privación por la incapacidad total ya ha dado lugar al reconocimiento de una pensión, sino la determinada por el empleo o empleos posteriores compatibles con la situación de pensionista. 

En este caso, tanto la IPT como el desempleo contributivo, vienen a cubrir la situación de necesidad producida por la pérdida de un empleo y, por tanto, de unas mismas cotizaciones no deben resultar dos prestaciones simultáneas, siendo necesario para que se produzca la compatibilidad de las mismas que la prestación de desempleo contributiva venga a cubrir la situación de necesidad producida por la pérdida del empleo compatible desempeñado posteriormente a la incapacidad. Por ello, para su causación, cubriendo el periodo de carencia legalmente exigido, deben computarse solamente las cotizaciones posteriores a la IPT. 

Sin embargo, en lo que se refiere al subsidio para mayores de 52 años no ocurre lo mismo, y es que debe tenerse en cuenta que, el requisito de cotización de quince años no aparece diseñado como carencia necesaria para acceder al subsidio, sino que es un reflejo de la exigencia de que en el momento de la solicitud se reúnan todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.  

Por lo tanto, la carencia a la que debemos acogernos en este caso es la regulada en el artículo 205.1.b) de la LGSS, que es la carencia propia de la pensión de jubilación (quince años), a cuyos efectos se deben computar todas las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral de la persona, aunque sean previas a una IPT.  

Argumenta así nuestro Tribunal Supremo que, la concesión y la duración del subsidio para mayores de 52 años, está vinculada precisamente al acceso futuro a la jubilación y sirve para cubrir las necesidades de la persona beneficiaria en situación de desempleo durante tal periodo de la vida posterior a los 52 años hasta que tiene derecho a la jubilación. Por ende, no puede transformarse ese requisito de carencia propia de jubilación en una carencia propia del subsidio para mayores de 52 años, ya que tal mutación de naturaleza iría en contra de la lógica del sistema. Por ello precisamente la percepción del subsidio para mayores de 52 años conlleva, a diferencia de otros supuestos, la cotización de la entidad gestora por la contingencia de jubilación. 

En definitiva, se concluye que no parece haber ninguna causa que lleve a dejar sin proteger la situación del desempleado mayor de 52 años en tal situación de espera de su jubilación prevista legalmente, siempre y cuando al llegar a esa edad de 52 años ya tenga a lo largo de su vida laboral la carencia suficiente para lucrar la futura jubilación, para lo cual se computarán tanto las cotizaciones anteriores a la IPT como las posteriores, siempre que se cumplan los restantes requisitos aplicables en cada caso, especialmente los relativos al régimen posterior al reconocimiento del subsidio y, en su caso, al límite de rentas. 

Letrado de la Asesoría Jurídica de Mutualia